El PSOE advierte de que en el PFEA se están produciendo irregularidades y pide a Gabriel Amat que actúe

Los socialistas alertan del “gravísimo problema” que puede suponer que un jornalero tenga un accidente mientras trabaja en una obra no autorizada

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha advertido de que en distintos municipios de la provincia se están produciendo irregularidades en las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que podrían conllevar “graves problemas” tanto para los Ayuntamientos como para los propios trabajadores contratados a través de este plan.

Los diputados socialistas han podido comprobar que en determinados municipios los jornaleros están realizando trabajos que no están incluidos en los proyectos oficiales e incluso estarían acometiendo tareas de mantenimiento en espacios privados. Además, también han descubierto tardanzas injustificadas en la firma de los contratos con los trabajadores y fuertes descompensaciones en el reparto de los jornales, de manera que existen jornaleros que han trabajado 90 días, mientras otros sólo han trabajado 20.

La portavoz socialista en la Diputación, Esperanza Pérez, ha alertado del “gravísimo problema” que podría suponer que un jornalero tuviera un accidente mientras trabaja en una obra no autorizada, o “la difícil situación en la que quedaría un ayuntamiento que tuviera que devolver la subvención que ya ha recibido”.

Uleila del Campo y Fines

A preguntas de los periodistas, Pérez ha especificado que “son varios” los municipios en los que se estarían produciendo irregularidades, según la información que han recibido, aunque de momento sólo han podido comprobarlo personalmente en los casos de Fines y Uleila del Campo. A renglón seguido, la portavoz socialista ha querido aclarar que “no estamos ante una cuestión de colores políticos”, ya que “quien tiene la responsabilidad de que esto ocurra es el equipo de Gobierno de la Diputación”.

En esta línea, Pérez ha recordado que el Plan de Fomento del Empleo Agrario se nutre de fondos del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Provincial de Almería, en distintas proporciones, aunque es la institución provincial la encargada de prestar asistencia técnica a los municipios, redactar los proyectos, asesorar a los ayuntamientos, supervisar los trabajos y garantizar la seguridad y la salud laboral, unas funciones para las que se queda con el 8% del dinero que correspondería a los ayuntamientos.

Pérez ha recordado que “los alcaldes, en la mayoría de las ocasiones, no cobran por su trabajo y seguramente no saben muy bien qué pueden hacer y qué no”, pero “en la Diputación Provincial, el diputado responsable y el presidente, Gabriel Amat, sí que perciben un sueldo para que estén pendientes de estas cosas”. En este sentido, Pérez ha lamentado que el diputado de Empleo esté “más pendiente de reunirse con representantes de las Diputaciones de Málaga y de Cádiz, que de controlar y supervisar lo que está ocurriendo en nuestra provincia”, y le ha advertido de que “su función es evitar que ocurran problemas, y no esperar a que ocurra cualquier desgracia para buscar un culpable”.

“Hay que informar a nuestros ayuntamientos, asesorarlos, porque de lo contrario estas irregularidades, que se resolverían con una simple visita, al final se pueden convertir en graves problemas no sólo para los ayuntamientos, sino también para los trabajadores”, ha insistido.

Almería, 13 de junio de 2013

El PSOE celebra que la Diputación haya recogido sus propuestas para mejorar el convenio con la protectora

La diputada socialista Rafaela Ortega destaca que, a partir de ahora, los animales tendrán que ser recogidos en menos de 48 horas desde el aviso

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha celebrado que sus propuestas hayan sido incorporadas al convenio que la institución provincial ha firmado con una protectora para la prestación del servicio de recogida de animales abandonados en los municipios de menos de 2.000 habitantes. Las sugerencias fueron redactadas por la diputada socialista Rafaela Ortega, quien ha destacado que, con el nuevo convenio, el servicio se prestará “con mayores garantías”, ya que se establece un tiempo máximo para que los animales sean recogidos, se crea un registro que permitirá hacerles un seguimiento y se garantizan precios mínimos para los ciudadanos que acudan a adoptarlos.

La Diputación Provincial destina cada año 60.000 euros a prestar este servicio de recogida de animales en los municipios de menor tamaño, “y está obligada a fiscalizar el servicio que presta la concesionaria, algo que hasta el momento resultaba complejo, por la falta de cláusulas específicas en el convenio que se venía firmando desde hace años y que se había quedado obsoleto”, ha asegurado Ortega.

Para mejorar el convenio, la diputada socialista propuso la introducción de una nueva cláusula, que fija en 48 horas el tiempo máximo desde que un municipio solicita la recogida de un animal abandonado hasta que la protectora realiza el trabajo. Además, con el nuevo texto se exige que esos avisos queden registrados de manera oficial por personal del Ayuntamiento, lo que permitirá llevar un control.

Otra de las propuestas socialistas recogidas en el convenio permitirá hacer un seguimiento a los animales una vez que son recogidos. Según establece el nuevo convenio, la protectora estará obligada a entregar un informe anual de destino de los animales, en el que se detalle si han sobrevivido y cuántos de ellos han sido adoptados.

Además, el convenio incluye ahora una nueva cláusula relativa a las adopciones, que garantiza precios mínimos para quienes adopten a alguno de los animales recogidos de la vía pública por esta protectora. Según establece el texto, sólo se podrá cobrar lo que la ley establece como obligatorio, que es la implantación de un microchip, la desparasitación y la vacuna de la rabia si corresponde. “En ningún momento se podrá cobrar al adoptante otros tratamientos de urgencia o vacunas que haya recibido el animal durante su estancia en el centro”, ha detallado Ortega.

La diputada socialista confía en que el nuevo convenio permitirá “mejorar sustancialmente” el servicio de recogida de animales en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, que “se están viendo saturados ante la llegada de tantos animales abandonados, como consecuencia de la existencia de las personas que, impunemente, deciden abandonar a su animal de compañía y piensan, de forma errónea, que dejándolo en un pueblo tiene más posibilidades de encontrar un nuevo hogar, problema que además se está viendo magnificado con la tremenda crisis económica que estamos viviendo”.

Almería, 6 de junio de 2013

La iniciativa del PSOE consigue que la Diputación también solicite al Gobierno una rebaja fiscal para los agricultores

El PSOE lamenta que el presidente siga negando información sobre la residencia y sobre la reunión con imputados en la Operación Tres Reyes

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería celebra que, gracias a su iniciativa, el Pleno de la institución provincial haya acordado, por unanimidad, solicitar al Gobierno central una rebaja fiscal para la agricultura intensiva de Almería. La portavoz socialista, Esperanza Pérez, se ha mostrado confiada en que el Gobierno central del PP termine “escuchando las demandas de las organizaciones agrarias, apoyadas por el PSOE y ahora también por la Diputación Provincial, y rebaje en diez décimas, del 0,26 al 0,16%, el índice de rendimiento que están obligados a aplicar los agricultores sobre la facturación en su declaración de la renta”.

Pérez ha recordado que el próximo 30 de junio termina el plazo para que el Gobierno pueda publicar la rectificación que ahora le está pidiendo “toda la provincia de Almería”, por lo que ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “actuar con diligencia”. La misma diligencia también se la ha recomendado al presidente de la Diputación para próximas ocasiones, ya que “si estaba de acuerdo con que había que pedirle al Gobierno la rebaja fiscal podría haberlo dicho antes, ya que los días van pasando y es un tema que preocupa, y mucho, a los agricultores de Almería”.

Reunión con un imputado

Lo que no ha satisfecho las expectativas con las que el PSOE ha acudido al Pleno de esta mañana en la Diputación Provincial ha sido la actuación mantenida por el presidente de la institución en el turno de ruegos y preguntas. La portavoz socialista ha lamentado que Gabriel Amat “siga sin dar explicaciones donde tiene que darlas, que es en el Pleno de la Diputación”, después de que haya dejado sin respuesta las preguntas que se le han formulado sobre la Operación Tres Reyes y sobre la residencia asistida.

En el primero de los temas, Amat ha admitido que sí se reunió en dependencias oficiales con uno de los imputados en el marco de la Operación Tres Reyes. “Al menos hemos dado un paso adelante, porque el señor Amat por fin ha confesado

que sí se produjo al menos un encuentro, pero seguimos esperando que nos revele cuál fue el contenido de aquella reunión y si también estuvieron presentes otros imputados”, ha señalado Esperanza Pérez. “No nos vale que el presidente se salga por la tangente diciendo que él se reúne con mucha gente y que a nadie le pide el certificado de penales”, ha añadido: “Si de verdad no quiere que nadie especule, que diga claramente de qué hablaron”. Pérez ha insistido en que aquella reunión “se produjo en dependencias oficiales y la mantuvieron, al menos, dos cargos públicos”, por lo que sostiene que “los ciudadanos tienen derecho a saber de qué se habló en torno a aquella mesa”.

El misterio de la Residencia Asistida

También han quedado sin respuesta las preguntas que ha realizado el Grupo Socialista sobre los planes para cambiar de ubicación la Residencia Asistida, que abandonaría las actuales instalaciones y pasaría a ocupar unas nuevas que habría que construir en pleno centro de la ciudad.

Esperanza Pérez ha lamentado que el equipo de Gobierno siga sin informar en el Pleno de los planes que tiene para la Residencia y “respondiendo vaguedades como que no hay un estudio hecho y no saben cuánto puede costar”, cuando “en los medios de comunicación sí está vendiendo permanentemente este tema y hablando incluso del coste, aunque es verdad que empezaron diciendo que el traslado costaría 7 millones de euros y ya van por 9 millones”.

El presidente no ha querido aclarar si existe algún informe redactado por técnicos de la Diputación que justifique que el traslado es conveniente y que supondría un ahorro, y se ha negado a decir qué piensa hacer con las instalaciones actuales una vez que estén vacías, “lo que no puede hacernos sino sospechar que en este proyecto hay gato encerrado”.

Almería, 31 de mayo de 2013