El Grupo Socialista le pide al presidente de la Diputación “que rectifique”, como ya ha tenido que hacer con la subida de las tasas por la recaudación
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha anunciado esta mañana que abrirá un frente para forzar al equipo de Gobierno a que rectifique en su decisión de modificar los estatutos de la empresa pública GALASA. Esta modificación obligará a los municipios que reciban de GALASA el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua a aceptar el pago de tarifas unitarias, independientemente de los servicios concretos que reciban, y a asumir una parte proporcional de la deuda de esta empresa pública, dependiente de la Diputación.
La portavoz socialista, Esperanza Pérez Felices, ha asegurado que estos cambios en los estatutos de Galasa se han introducido “por imposición” y ha reprochado al equipo de Gobierno del PP que, “en lugar de ponerse al servicio de los ayuntamientos”, les esté “creando problemas”.
Pérez ha advertido de que el Grupo Socialista “no callará” ante esta modificación de los estatutos que “perjudica claramente a los ayuntamientos”, ya que los obliga a asumir la deuda de la sociedad como propia. La portavoz socialista ha explicado que esta imposición obligará a los ayuntamientos que decidan irse de Galasa a “abonar las inversiones realizadas en su municipio y pagar la cuota proporcional de deuda”. Además, también afectará a los que decidan incorporarse, “ya que también tendrán que asumir la cuota proporcional de deuda que les corresponda”.
Pérez ha detallado que, por otra parte, la modificación de los estatutos de la empresa pública obliga, a partir de ahora, a los ayuntamientos accionistas de Galasa a ceder la gestión del servicio de agua “en su totalidad” y a afrontar el pago de “tarifas unitarias” para todos los municipios, independientemente de “las singularidades” de cada uno e incluso de “los servicios que reciban”.
Ante esta “injusticia”, la portavoz socialista ha instado al equipo de Gobierno de la Diputación a que “dé marcha atrás y rectifique”, de la misma manera que “al final ha tenido que rectificar en su decisión inicial de aprobar una subida de hasta el 400% en la tasa que pagan los ayuntamientos que tienen delegado en la Diputación el servicio de recaudación de impuestos”.
“Estábamos ante una subida injustificada que el equipo de Gobierno del PP al final ha tenido que rectificar, porque la sensatez y la lógica sólo tienen un camino”, ha dicho Pérez.
Contabilidad a la carta
Pérez ha lamentado que para intentar “justificar su paso atrás”, el equipo de Gobierno haya alegado que la rectificación en la subida de la tasa ha sido posible “por la reducción de los costes en la prestación del servicio”, pese a que los informes del propio Servicio de Recaudación “dicen lo contrario”. Así, Pérez ha explicado que el estudio económico realizado el 17 de octubre de 2012 para justificar la subida de las tasas cifraba el coste del servicio en 4,4 millones de euros, y el estudio de 19 de septiembre de 2013 realizado para justificar la rectificación decía que el coste era de 5,2 millones. “En resumen, en un año el coste del servicio parece que ha aumentado en 800.000 euros, pero el equipo de Gobierno sigue afirmando que se han reducido los costes”, ha indicado Pérez, quien considera que “este razonamiento es difícil de comprender y evidencia las contabilidades a la carta a las que nos tiene acostumbrados este equipo de Gobierno”.
“Al final, esta rectificación ha costado dos plenos ordinarios en la Diputación, alegaciones, mociones y plenos extraordinarios en los ayuntamientos y en la institución provincial, y un recurso contencioso administrativo”, ha concluido Pérez, “aunque afortunadamente al final han imperado la sensatez y la lógica”.
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