El alcalde de Serón advierte de que reclamarles a unos municipios indemnizaciones millonarias y a otros no “se llama prevaricación”
El PSOE de Almería ha calificado hoy de “chantaje” la decisión de la Diputación Provincial de reclamar una indemnización millonaria a los cinco municipios a los que ha expulsado de Galasa –Serón, Lúcar, Urrácal, Armuña de Almanzora y Tíjola–, tras la negativa de éstos a aceptar las nuevas tarifas que la Diputación les quiere imponer. En concreto, la Diputación de Almería está reclamando a los municipios expulsados indemnizaciones que suman 5 millones de euros por la aplicación de unas tarifas que ahora aduce que eran deficitarias, mientras que al resto de pueblos del Almanzora que continúan en Galasa y que tenían tarifas similares no les pide nada.
En rueda de prensa, el portavoz del PSOE en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo ha asegurado que los municipios socialistas expulsados siguen ofreciendo “diálogo” para desatascar el futuro de la empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua en el Levante y el Almanzora, pero no aceptarán “chantajes ni amenazas”.
“La Diputación está yendo contra cinco municipios, al intentar imponer unas condiciones para la prestación del servicio que no son las que firmamos”, ha señalado Lorenzo, quien ha detallado que estas condiciones serían la aplicación de unas tarifas nuevas y la obligación de comprar acciones de Galasa. “En el caso de Serón, desde ya digo que nosotros no vamos a comprar acciones; yo no lo haría con mi dinero, y tampoco voy a hacerlo con el dinero de mis vecinos”, ha advertido.
En cuanto a la tarifa, Lorenzo ha tildado la que quiere imponer la Diputación de “tarifa política”, dado que “es el presidente el que caprichosamente la cambia, como se evidenció en el último pleno”. “Las tarifas tienen que corresponderse con el coste real que tenga la prestación del servicio”, ha insistido el portavoz.
Sobre los cinco millones de euros que la Diputación les está pidiendo a los cinco municipios expulsados de Galasa, Juan Antonio Lorenzo ha advertido de que la reclamación es “injusta”, puesto que a los ayuntamientos que siguen dentro de la red de Galasa y que han aplicado en los últimos años tarifas similares no se les está reclamando nada.
Prevaricación
En este punto, el portavoz socialista ha advertido: “En el momento en que nos llegue un requerimiento de deuda, en el caso de Serón de 2,3 millones, y yo vea que al pueblo de al lado no le ha llegado nada, voy a considerar que eso es un delito por parte de la persona que me lo pide y lo voy a poner en conocimiento de la justicia”. “Eso se llama prevaricación”, ha remarcado, “no se puede hacer política pidiéndole dinero a un pueblo por una cuestión y no pedírselo a otro por la misma, la Diputación no está para hacerle este tipo de agresiones a los pueblos”.
En esta consideración ha coincidido con la secretaria de Política Municipal del PSOE provincial, Adela Segura, quien ha lamentado que la Diputación, que “es una entidad que debería asesorar y ayudar a los municipios menores de 20.000 habitantes”, se esté dedicando a “atacarlos”.
“Nosotros no queremos confrontar, queremos resolver”, ha asegurado. “Los cuatro ayuntamientos gobernados por el PSOE no tienen inconveniente en sentarse a hablar, pero las tarifas que se acuerden tienen que ajustarse a la realidad de cada municipio y basarse en criterios económicos, no pueden ser las que fijen el presidente o el vicepresidente de la Diputación”, ha dicho.
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